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La reforma penal planteada en los últimos días, que implicaría derogar la sedición y modificar la malversación, obligará al Tribunal Supremo (TS) a revisar no solo las penas impuestas a los condenados por el 1-O sino también la situación de los procesados, entre ellos el ex presidente catalán Carles Puigdemont, si bien el Código Penal (CP) aún ofrecería opciones, como la tentativa de rebelión o los desórdenes públicos, para sustituir la sedición, y la administración desleal o la apropiación indebida, para reemplazar a la malversación. Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican…