El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado una disposición final de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que implicaba reconcudir del orden social al contencioso-administrativo reclamaciones judiciales relacionadas con la contratación de personal laboral. Según ha informado el TC, los magistrados han estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM). Y, en consecuencia, han declarado inconstitucional y nula la disposición final vigésima de los PGE, la cual …
