Una jueza del Tribunal Superior del condado de Pima, en Arizona, Kellie Johnson, ha dictaminado retirar la suspensión de una ley de antes de que Arizona fuera un estado que prohíbe en la práctica y bajo amenaza de consecuencias penales cualquier interrupción del embarazo salvo en casos de peligro para la madre. La norma había estado suspendida desde hace 50 años, pero ahora ha sido restaurada, por lo que las clínicas y su personal tendrán que cesar de inmediato las prácticas abortivas con medios químicos, farmacológicos o quirúrgicos bajo amenaza de penas de entre dos y cinco años de prisión, …
